La Corte Constitucional en la Sentencia T-329/22 ordenó la protección de una contratista a quien no le fue renovado el contrato de prestación de servicios, a pesar de haber informado que se encontraba en estado de embarazo. Las medidas de protección impartidas tiene como fuente la Sentencia SU-070 de 2013 , aplicable para este tipo de relación laboral.